El límite en financiación

Viene siendo extraño el día que no salta a la palestra mediática alguna de las muchas irregularidades de financiación de los partidos políticos. Extraño, por otro lado, se me antoja el modo en el que los medios de comunicación echan mano del eufemismo con la finalidad de eludir el llamar a las cosas por su nombre llegado el caso. Si susodichas irregularidades de financiación se presentasen como noticia en algún colectivo de otro ámbito social no les quepa la menor duda de que no vacilarían un instante en denunciar públicamente con toda la contundencia que merece este tipo de desafueros.
Las normas aprobadas a modo de Ley están para cumplirlas y si es que existe alguien que esté doblemente obligado en acatarlas éste no es otro que el colectivo que aglutina a quienes reciben el encargo de elaborarlas. En mi opinión, deberían, sin ambages, predicar con el ejemplo o cuando menos evidenciar esa pretensión; sin embargo, a lo más que parecen llegar es a no escatimar esfuerzos en la abnegada labor de demostrar que el oponente político en este aspecto de la financiación irregular -sin que sirva de precedente para otras extrapolaciones-... sí que lo rebasa. Parapetarse en la excusa de que esta norma legal está desfasada; o bien, que resulta poco apropiada para las necesidades crematísticas de ciertos partidos políticos, resulta algo más que pueril. Se advierte a los ciudadanos con notable aparato que el propósito último de toda acción emprendida desde las formaciones políticas es el bien público. Por ello se revela como nada creible para la ciudadanía que requieran más recursos económicos de los que dispone la Ley; máxime cuando las necesidades perentorias de la población (que no son pocas) se nos muestran tan insuficientemente resueltas. La degeneración actual de ciertos políticos alcanza un extremo tal que olvidan con suma facilidad su condición de "medio" y que "el fin" somos todos y cada uno de nosotros, esto es, "los ciudadanos".